Otra vez estamos ante un nuevo caso en que cinco trabajadores pagan las consecuencias de una política laboral injusta llevada a cabo por una Administración. En este caso, el Ayuntamiento de Baeza. Precisamente una de las instituciones democráticas destinadas a llevar a cabo políticas en las que debe predominar la ética y el bien común en sus actuaciones.
Tras la finalización del contrato de servicio de limpieza viaria concedido a la empresa CESPA, los trabajadores, que ya eran empleados del Ayuntamiento antes de la privatización de dicho servicio, deberían haber vuelto a formar parte de la plantilla del Ayuntamiento en septiembre de 2009, pero fueron despedidos, contratando incluso a más personal para realizar el mismo servicio de limpieza viaria.
Los trabajadores interpusieron demandas contra el despido y el Juzgado de lo Social declaró improcedentes los mismos, optando el Ayuntamiento por la indemnización en lugar de por la reincorporación de los trabajadores a sus puestos de trabajo, que sería lo justo y una forma de rectificar su injusta actitud de despedirlos.
Militantes de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) y del Secretariado Diocesano para la Pastoral del Trabajo, mantuvimos una entrevista con los trabajadores, cuyas edades oscilan entre 49 y 60 años, que llevan ya un mes concentrándose frente al Ayuntamiento de Baeza, reivindicando sus puestos de trabajo.
Precisamente, cuando se presenta una oportunidad para demostrar que se puede gobernar de otra manera, como en muchas ocasiones se manifiesta por parte de las autoridades municipales de signo socialista, distinta a las que llevan a cabo medidas laborales neoliberales, cuando se puede optar por la medida más favorable y justa para los trabajadores, en concreto la readmisión, se les deja en la cuneta.
Este tipo de medidas son las que propician que esté tan desprestigiado el noble ejercicio de la política.
Como cristianos, comprometidos en y con el mundo del trabajo, nos solidarizamos con dichos trabajadores y sus familias en su justa reivindicación: el mantenimiento de sus puestos de trabajo y creemos que, como nos señala la Doctrina Social de la Iglesia: “La administración pública, a cualquier nivel -nacional, regional, municipal-, como instrumento del Estado, tiene como finalidad servir a los ciudadanos: el Estado al servicio de los ciudadanos es el gestor de los bienes del pueblo, que debe administrar en vista al bien común. (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia nº 412)
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